
Description
Version-of-record in Revista Española De Investigación Criminológica
Anti-lgtbi+ hate crimes. Opportunities, limits and challenges in the criminal justice system
La Ley Orgánica 1/2015 incorporó los llamados delitos de odio en el Código Penal español. Para las personas LGTBI+ la implementación de estas medidas legales de protección ha significado una oportunidad para combatir la discriminación, pero también ha dejado al descubierto algunos límites y desafíos. En la investigación que presentamos en este artículo mostraremos las experiencias de delitos de odio narradas por las personas LGTBI+ y las pondremos en relación con los recursos e intervenciones legales y las perspectivas criminológicas críticas. Para ello, se han realizado entrevistas semiestructuradas a 10 personas LGTBI+ y a 10 a profesionales de atención a víctimas. Los resultados apuntan a que los delitos de odio contribuyen a una representación de las violencias anti-LGTBI+ como una cuestión individualizada y desconectada de un contexto estructural cisheterocentrado y LGTBI+fóbico. De igual modo los resultados obtenidos muestran la tendencia a trasladar los conflictos sociales a las salas de lo penal en lugar de abordarlos desde otras formas de administración de justicia como la justicia restaurativa.
Organic Law 1/2015 incorporated so-called hate crimes into the Spanish Penal Code. For LGTBI+ people, the implementation of these legal protection measures has meant an opportunity to combat discrimination, but it has also exposed some limits and challenges. In the investigation, we will present the experiences of hate crimes as narrated by LGTBI+ people and contrast them with legal and institutional resources and critical criminological perspectives. To this end, qualitative interviews have been conducted with 10 people from the LGTBI+ community and with 10 victim-care professionals. The findings show a representation of anti-LGTBI+ violence as an individualized issue disconnected from a cisheterocentric and LGTBI+-phobic structural context. They also reveal the tendency to transfer social conflicts to criminal courts instead of addressing them from alternative forms of administrative justice, such as restorative justice.